Discapacidad y Empleo

 

50.000 personas con discapacidad podrían perder su empleo por la Ley Integral de Impulso a la Economía Social.

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia alerta de la exclusión de 500 centros especiales de empleo en este Anteproyecto de Ley aprobado este mes por el Consejo de Ministros. 

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha publicado este viernes un comunicado en el que alerta de la posible exclusión de la Economía Social de 500 centros especiales de empleo y más de 50.000 trabajadores con discapacidad. 

La entidad exige que el Anteproyecto de Ley Integral de Impulso a la Economía Social y la Estrategia Española de la Economía Social 2023-2027, aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de abril de 2023, "incluya como entidades que conforman la Economía Social a todos los centros especiales de empleo, sin distinción de su categoría" y que "rectifique el agravio sin precedentes que esto supondría para el futuro del sector y sostenibilidad de todos los centros afectados".

Desde el CEDDD afirman que la modificación del artículo 5.1 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, "tiene como objeto dejar fuera del paraguas jurídico de la Economía Social a un total de 500 centros especiales de empleo, que no ostentan la calificación de iniciativa social".

Explican en su comunicado que la mayoría de los centros afectados son empresas pequeñas o muy pequeñas, con una media de 100 trabajadores por centro y con recursos muy limitados para el desarrollo de sus finalidades inclusivas, tanto laborales como sociales.

Por ello, aseguran, las consecuencias de dejar de formar parte de la Economía Social "serían devastadoras y supondrían un grave perjuicio para estas entidades respecto a su sostenibilidad económica, poniendo en claro riesgo su presencia en el mercado, ante el posible riesgo de dejar de percibir todas las ayudas que el Estado dispone para el desarrollo de su actividad social".

Un anteproyecto que excluye a la mitad de los centros 

Aseguran que es "llamativo" que la única modificación que el Ministerio de Trabajo ha realizado respecto a que entidades formarán parte del sector de la Economía Social es la inclusión de los centros especiales de empleo de iniciativa social, suprimiendo, por tanto, el redactado anterior que englobaba a todas las modalidades de centros especiales de empleo.

Desde CEDDD quieren mostrar su "profunda preocupación por la deriva legal que está desarrollando el Estado sobre esta materia, teniendo como origen la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en virtud de la cual se crearon los centros especiales de empleo de iniciativa social, estableciendo una clara diferenciación con los centros que no tienen esta calificación y concediéndoles a su favor una cuota de reserva del 10% en la contratación pública, expulsando al resto de centros de la cuota de reserva en los Contratos del Sector Público".

Ante este escenario, CEDDD advierte que es prioritario subsanar el contenido del anteproyecto de ley con el objetivo de evitar que más de 50.000 trabajadores con discapacidad y sus familias sufran las consecuencias de esta exclusión del ecosistema de la Economía Social.

CEDDD también insta al Gobierno y al resto de partidos políticos en la imperiosa necesidad de cambiar el rumbo legal de los últimos años a fin de proteger a todas las entidades, sea cual sea su forma jurídica, que están día a día trabajando y aportando todos sus recursos para conseguir una sociedad más inclusiva y justa.

Así mismo, quieren destacar que "estas modificaciones legislativas llegan a impulso de un determinado sector asociativo del mundo social" y que desde su entidad entienden que "no deberían tener cabida estas actitudes hostiles hacia entidades hermanas que trabajan para el mismo colectivo social". Por lo que instan también a estas otras entidades "para que cejen en su empeño de expulsar del sector social a los centros especiales de empleo que, con su labor, solo vienen a sumar en favor de los trabajadores con discapacidad".

Fuente: 20 minutos

Naciones Unidas pide garantizar el acceso al trabajo de personas con discapacidad.

El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha solicitado a los Estados poner fin al “empleo segregado” de este colectivo y, a cambio, destinar más recursos a fomentar su inclusión en el mercado laboral ordinario. Todo esto se recoge en el “Documento de Observaciones Generales nº 8 sobre el derecho de las personas con discapacidad al trabajo y al empleo” que publicó este organismo.

El texto persogue el objetivo de aclarar que las obligaciones de los Estados parte en relación al artículo 27 de la Convención, en él se establecen los principios del derecho de las personas con discapacidad al trabajo y al empleo, y proporcionar una base para que los países firmantes cumplan sus compromisos acordes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Más en concreto, el documento se refiere al Objetivo 8.5 que busca conseguir para el año 2030 una vida plena y productiva con empleo “decente para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”.

También critican que los empleos segregados incluyen todavía “prácticas basadas en la segregación y en la organización en torno a determinadas actividades específicas que se consideran aptas para las personas con discapacidad; tienen un enfoque demasiado médico y rehabilitador; no promueven la transición al mercado laboral abierto, ni remuneran a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás”. Para terminar con esto piden una serie de cambios en la estructura del empleo protegido.

En definitiva, la Observación nº8 señala que, pese a algunos avances, “la falta de acceso al mercado laboral abierto y la segregación continúan siendo los mayores desafíos a superar”. “La discriminación, la denegación de ajustes razonables, los lugares de trabajo inaccesibles y el acoso siguen vigentes” en muchos centros de trabajo, resalta.

El caso de España

En lo que se refiere a nuestro país, la aplicación de estas recomendaciones supone modificar las políticas de empleo para personas con discapacidad. Esto se conseguiría, por ejemplo, potenciando los sistemas de empleo con apoyo en lugar de dar prioridad al empleo protegido, como sucede ahora.

Desde Down España señalan que “es necesario que nuestro país cambie las políticas económicas de apoyo al empleo de las personas con discapacidad, apueste por el empleo de tipo inclusivo y evite que los recursos vayan mayoritariamente al empleo protegido (como pasa actualmente) y se centren en la inserción laboral ordinaria”. También defienden que todas estas recomendaciones deberían formar parte del “Libro Blanco sobre Discapacidad y del proyecto de nueva Ley de Empleo que se debate en la actualidad”.

Para terminar, el documento de Naciones Unidas pide realizar un análisis sobre las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito laboral y elaborar estrategias y planes de acción para garantizar su derecho al trabajo.

Fuente: Famma.org

Empleo para personas con discapacidad 

Las personas con discapacidad, especialmente las que presentan un grado severo, padecen altos niveles de desempleo. A efectos de las políticas de empleo, se consideran personas con discapacidad a las que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

Siendo el empleo un elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades, el desarrollo personal y la participación plena en la vida económica, cultural y social, la política de empleo, en este ámbito, deber buscar la integración de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo o, si no es posible, mediante la fórmula especial de trabajo protegido. 

Para ello, la normativa contempla diferentes medidas que fomentan el empleo de las personas trabajadoras con discapacidad (establecimiento de un sistema de intermediación laboral, empleo con apoyo, enclaves laborales, etc.) o, el establecimiento de medidas de acción positiva en las políticas activas de empleo (reserva de puestos, subvenciones por la contratación, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, desgravaciones fiscales, etc.). 

Empleo ordinario y empleo protegido

Las iniciativas dirigidas a fomentar el empleo de las personas con discapacidad se agrupan según vayan destinadas a facilitar la incorporación al empleo ordinario o al protegido. Existen otras medidas, como los centros ocupacionales  , que no son propiamente una modalidad de empleo, sino una actividad asistencial. 

Se puede consultar más información estadística sobre empleo de personas con discapacidad en Instituto Nacional de Estadística (INE)  y sobre la evolución de la contratación en el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Empleo ordinario: medidas

Cuota de reserva de puestos de trabajo: en empresas con 50 o más personas en plantilla han de reservar el 2% de los puestos de trabajo para las personas con discapacidad (Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social)  , pudiendo sustituir su cumplimento por acciones alternativas (Real Decreto 364/2005)  . Los incentivos a la contratación se centran en subvenciones por contratos, bonificaciones y exenciones de cuotas, deducciones fiscales y subvenciones a la adaptación de puestos de trabajo.

Fomento del autoempleo, que financian proyectos empresariales, proyectos de autoempleo de personas trabajadoras por cuenta propia y conceden subvenciones para la constitución de cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales.

Sistema de empleo con apoyo: actividades de orientación y acompañamiento individualizado que prestan personas preparadoras laborales especializadas, en el propio puesto de trabajo, a trabajadores y trabajadoras con discapacidad y con especiales dificultades de inserción laboral que realizan su actividad en empresas normalizadas del mercado ordinario de trabajo (Real Decreto 870/2007  ).

Empleo público: el 7% es la cuota de reserva de plazas para personas con discapacidad en todas las Administraciones públicas (Ley 7/2007  ) y se regula para la AGE en el Real Decreto 2271/2004  . En las pruebas selectivas de ingreso, las personas con discapacidad disponen de las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempos y medios para su realización  y, en su caso, la preferencia en la elección de plazas y la adaptación del puesto de trabajo.

Empleo protegido

Diseñado para los casos en los que la persona con discapacidad puede ejercer una actividad laboral pero no en el mercado ordinario.

Centros Especiales de Empleo (CEE),  regulados por Real Decreto 2273/1985 , públicos o privados y que realizan un trabajo productivo y asistencial, aseguran una remuneración para las personas trabajadoras y tienen como objetivo fundamental la integración del mayor número de personas con discapacidad al mercado ordinario. El trabajo de los CEE se ha actualizado mediante el Real Decreto 469/2006 , que moderniza los Servicios de Ajuste Personal y Social, que permiten ayudar a superar las barreras y dificultades que tienen las personas trabajadoras con discapacidad de los CEE en el proceso de incorporación y permanencia en un puesto de trabajo. Recientemente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado la orden del Ministerio de Trabajo y Economía Social TES/501/2021, de 20 de mayo , por la que se incrementan, con carácter extraordinario durante 2021, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los CCE (BOE 25 de mayo de 2021).

Enclaves laborales, regulados en el Real Decreto 290/2004 traslado temporal de un grupo de personas trabajadoras con discapacidad de un CEE a las instalaciones de una empresa del mercado ordinario de trabajo, para el desarrollo de una actividad productiva, a través de un contrato de arrendamiento de servicios entre el centro y la empresa para facilitar la transición desde el empleo protegido al ordinario.

Fuente: Ministerio de derechos sociales y agenda del 2030